EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASE Y EVALUACIÓN SIN SENTENCIA JUDICIAL BENEFICIA O NO AL MAGISTERIO

 

Presentación   Artículos de opinión

 

Por José Rojas Araujo.

 

El pago de una deuda de carácter laboral sin acudir al poder judicial o sin exigir una sentencia judicial es un gran avance, estaría “fuera de mis cabales” estar en contra de ello; sin embargo, es necesario analizar fríamente los proyectos de ley presentados en el congreso. En el Proyecto de Ley N° 832/2016-CR suscrito por los congresistas integrantes del grupo parlamentario del Frente Amplio, se menciona en el artículo 1° que, “la presente ley tiene por finalidad reconocer el derecho inherente que los docentes activos y cesantes, tienen a percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, establecidas ene l artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por la ley N° 25212, sin la exigencia de sentencia judicial alguna”; como vemos dicha ley sería aplicable para los docentes activos y también para los cesantes; y, en el artículo 2° se establece que, el pago debe hacerse solamente desde 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012, con ello los profesores solamente cobrarían parte de su deuda, puesto que la deuda se calcula desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 31 de diciembre del 2013, pues recién a partir de enero del 2014 se paga las bonificaciones con la nueva Ley de Reforma Magisterial N° 29944, así lo establece el literal b) de la Décima y el Segundo Párrafo de la Décimo Cuarta Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales de la Ley N° 29944; donde se menciona que las bonificaciones continuarán siendo percibidos por los mismos montos hasta la implementación del segundo tramo de la ley; es decir, 01 de enero del 2014. El artículo 3° del mencionado Proyecto de ley señala el reconocimiento del derecho a percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación no está supeditada a la presentación de sentencia judicial y se tramitará administrativamente, no especifica que el cálculo debe hacerse de acuerdo a la Remuneración Integra Total; fácilmente la administración educativa continuará realizando el cálculo de dicha bonificación, en base a la remuneración Total Permanente, monto que ya se pagó al magisterio y auxiliares de educación, basado en el D.S. N° 051-91-PCM, dado que, este dispositivo legal sigue vigente, no se ha derogado, pues es la norma orientada a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones, hasta la actualidad. El artículo 4° de dicho proyecto de ley señala “… precisase que el reconocimiento del derecho a percibir el 5% de la remuneración total o íntegra adicional por desempeño de cargo y por la preparación de documentos de gestión, contemplada en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, solo serán otorgado respecto al periodo en que los docentes desempeñaron labor directiva efectiva, no pudiendo prorrogarse el mismo a otros periodos”, como se aprecia con este dispositivo solo se pagará el 5% de la remuneración total a los Directivos, no así a los docentes que desempeñaron cargos jerárquicos como son los coordinadores de área por ejemplo, quienes cumplen con la jornada laboral de cuarenta horas, pues dicho profesores preparan documentos de gestión, la ley del profesorado N° 24029 también beneficiaba a dichos docentes con esta asignación; además el mencionado artículo especifica que esta asignación es solo por trabajo efectivo y no puede prolongarse por otros periodos; con esto se está agrediendo a los maestros, pues tanto la bonificación por preparación de clases como la bonificación por desempeño de cargo se pagan inclusive cuando el docente está haciendo uso de una licencia con goce de haber o de vacaciones, donde el trabajo no es efectivo; además dichas bonificaciones son pensionables; es decir se pagan aún después de haber cesado. Para el colmo, el artículo 5° del proyecto de ley menciona que los procesos judiciales en curso iniciados por los docentes, no son impedimento para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, para tal efecto, los jueces del poder judicial dispondrán la conclusión del proceso, declarando sin lugar el pronunciamiento sobre el fondo del asunto y ordenando a las entidades emplazadas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley; con esta orden lo que realmente se quiere perjudicar es a los docentes que iniciaron sus procesos judiciales en el poder jurisdiccional, pues dichos docentes no solamente solicitaron el 30% de la remuneración total por la bonificación por preparación de clases y evaluación, adicionalmente los directivos y personal jerárquico solicitaron el 5% de la remuneración total por cargo directivo y preparación de documentos de gestión; sino que también pidieron que el cálculo de la deuda se haga por un periodo mucho más amplio que el delimitado en el proyecto, tal como señala la ley; además en sus demandas también solicitaron el pago de los intereses legales que equivale a una cantidad de casi el cincuenta por ciento de la deuda; desde luego que, los pensionistas que cesaron antes de la vigencia de la Ley N° 29944 solicitaron el pago continuo y por planilla de dicha asignación, pues, como ya dijimos dichas bonificaciones son pensionables; todos estos beneficios se perdería en aplicación del mencionado proyecto. Analicemos ahora el Proyecto de Ley N° 2504/2017-CR, presentado por los congresistas de la Bancada Nuevo Perú, con Edgar Américo Ochoa Pezo a la cabeza; en principio, en cuanto a la fórmula legal planteada: “Ley que dispone el pago de la deuda social magisterial por bonificación especial mensual por preparación de clases y bonificación adicional por el desempeño del cargo sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada”, enfáticamente debo decir que, el magisterio nunca ha tenido una deuda social, pues la deuda es laboral y no social, ha sido generada como producto de un vínculo laboral que existe entre empleador (estado) y trabajador (profesor o auxiliar de educación), ya sea con carácter de nombrado o contratado. La deuda laboral es generada por las obligaciones relativas a derechos individuales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, incluyendo aquellas que se originen en el marco de la intermediación, a través de cooperativas de trabajadores; estas deudas se pagan por imperio de la ley, el estado está obligado a pagar dichas deudas; en cambio, las deudas de carácter social son generados por las obligaciones que tengan una o más de las siguientes características: 1. Cuyos acreedores o beneficiarios sean personas en situación de pobreza o extrema pobreza según la clasificación socioeconómica establecida en el Sistema de Focalización de Hogares–SISFOH. 2. Derivadas de negligencias médicas en centros hospitalarios públicos. 3. Cuyos acreedores o beneficiarios tengan alguna discapacidad mental o física grave acreditada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad–CONADIS, que les impida auto sostenerse. La deuda generada por el no pago de “Pensión 65”, por ejemplo, es una deuda social; estas deudas son facultativas, es decir que, el estado si quiere lo paga o no también; no se le puede exigir porque no ha nacido de un vínculo prestacional personalísimo de servicios sino más bien de un compromiso político; de tal manera que, si le exijo al estado el pago de una “deuda social” al magisterio, tranquilamente aquel se puede negar porque en realidad nunca existió una deuda social al magisterio. Ahora bien, el Proyecto de ley del Sr. Ochoa es tan escueto formado solo por dos artículos; el artículo 1° señala que, “La presente ley tiene por objeto establecer que los beneficiarios de la bonificación dispuesta por el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por el artículo 1° de la Ley N° 25212, bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de sus remuneración total y la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Recibe el pago sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada”, no se menciona el periodo comprendido en el cual se generó la deuda, que corresponde al pasado, durante la vigencia de la ley del profesorado N° 24029, pues, actualmente esta ley ha sido derogada, estamos dentro de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944. La pregunta es, ¿Se puede regular el cumplimiento de una norma que ha sido proscrita o derogada?, evidentemente que no, porque para el pago de las bonificaciones se hizo dentro del marco del cumplimiento de las leyes de presupuesto de esos años pasados, la que se sostenía durante ese periodo y hasta la actualidad del D.S. N° 051-91-PCM, la misma que está orientada a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, donde en su artículo 10° precisa que los beneficios a que se refiere el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total íntegra, en el artículo 8o del referido Decreto Supremo. En otros términos, si acudimos al principio de legalidad aplicado de una forma positivista, es decir, aplicar lo que realmente sostiene la ley vigente, corresponde que el cálculo de las mencionadas bonificaciones se hagan en base a la remuneración total permanente; sin embargo, al obtenerse una cantidad ínfima por estas bonificaciones, los profesores al encontrarnos en un “estado de derecho”, donde se respeta la constitución y la ley, acudimos al órgano jurisdiccional para que nos administre justicia en base a las interpretaciones que, para el pago de las bonificaciones mencionadas se haga en base a la remuneración total y no en base a la remuneración total permanente, bajo los siguientes argumentos: en primer lugar el Decreto Supremo N° 051-91-PCM surge durante vigencia de la Constitución de 1979, donde no daba categoría de ley a los Decretos Supremos, por lo que, en aplicación del principio de Jerarquía normativa prescritos tanto en la constitución de 1979 como en la de 1993, primero se debe aplicar la Ley, en este caso Ley del Profesorado N° 24029, antes que el D.S. N° 051-91-PCM; en segundo lugar, este decreto tenía el carácter transitorio, puesto que, en ese tiempo la economía del país transitaba por una grave crisis económica, pues, se entiende que al pasar dicha crisis económica debió derogarse, pero no se derogó, continuó vigente hasta la actualidad, por lo que dicho decreto supremo se desnaturalizó, en virtud del carácter transitorio que tuvo; en tercer lugar en la Sentencia A.P 438-07-Lima Publicado el Miércoles 11 de Junio del 2008, en un Proceso de ACCIÓN POPULAR, se resuelve declarar ilegal e Inaplicable en su totalidad y con efectos generales el Decreto Supremo Nº 008-2005 teniendo plena vigencia el D.S Nº 041-2001-ED que precisaba los alcances de remuneraciones de los artículos 51º y 52º de la Ley del Profesorado Nº 24029 los que deben calcularse en base a la remuneración total; además de ello existen sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia donde se ordena que el cálculo de las bonificaciones mencionadas debe hacerse en base a la remuneración total. Como vemos, es el órgano jurisdiccional quien da razón a los docentes, basados en la interpretación que se hizo al momento de presentar sus demandas; pues, el Poder Judicial es el órgano que administra justicia, para eso, este Poder está premunido de independencia en un estado de derecho; si no existieran estas interpretaciones y no hubiera un poder judicial que tiene ese poder coercitivo capaz de deliberar y que hagan cumplir las sentencia emitidas a favor de los que solicitan justicia, simplemente, en estos casos, las bonificaciones se haría de acuerdo a la ley vigente, o sea en virtud del D.S. N° 051-91-PCM; es más si la administración estatal educativa pagara dichas bonificaciones en base a la remuneración total, sin orden judicial, en la actualidad incurriría en delito. En el artículo 2° del proyecto de ley también se menciona que “…Los procesos en curso, iniciados por los beneficiarios no son impedimento para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente; para tal efecto y bajo responsabilidad, la administración debe desistirse…”, lo que quiere decir, si un profesor ha iniciado su proceso judicial, entonces dicho proceso no impide que al profesor se le aplique este proyecto una vez publicado; es decir si el profesor, en la pretensión de su demanda no solo solicitó la bonificación por preparación de clases, sino también los intereses legales, cuyo monto es en un aproximado casi la mitad de la deuda; y, en caso de los cesantes el pago continuo y por planilla, dado que no se cuestiona si les asiste el derecho o no al pensionista de percibir dichas bonificaciones; puesto que, ya está reconocido al momento del cese, sus boletas de pago de pensionista lo consignan; sino lo que se pide es que, estando en su condición de cesante le asiste el derecho de que el cálculo de su pensión de cesantía tenga en cuenta el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación por desempeño de cargo y preparación de gestión sea en base al 35% de la remuneración total, tampoco se pide nivelación de pensión sino solamente que se haga el recalculo respectivo; entonces todos estos beneficios lo perdería, pues según el artículo 103° de la constitución política, la ley se aplica a los hechos y efectos jurídicos a partir del momento de su publicación. Quiero entender que, dichos proyectos fueron presentados de buena fe, sin asesoramiento legal de especialistas y que dado el pensamiento oportunista de los congresistas para ganar adeptos en la masa magisterial lo presentaron a tontas y ciegas, sin analizar el perjuicio económico que ocasionaría a los docentes; empero, si lo presentaron con intención de embaucar al magisterio, para que éstos no cobren lo que realmente les corresponde, en obediencia a un gobierno neoliberal que solamente se preocupa que el estado ahorre presupuesto e incremente la caja fiscal, que fue achicada por los corruptos, en detrimento de la economía de los maestros; simplemente le diría, con todo respeto, Sr. Congresista, dedíquese a otra cosa; por ejemplo, solicite presupuesto para el pago de dicha deuda.

Cajamarca, 23 de mayo de 2019.

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