Servicios no personales

sacando la vuelta al controvertido D.L 1057

 

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Por: Hugo REYNA GOICOCHEA

 

A inicios de la década de los años 90, en el entonces gobierno de Fujimori, se produjo una drástica reducción de personal en el sector público, vía renuncias por incentivos, con una envoltura de “voluntarias”. Como quiera que esta reducción implicara, en muchos casos, la salida de personal calificado, es decir, especializado; paradójicamente se originaba la necesidad de suplirlo, sumándose además nuevas demandas por parte de organismos desconcentrados y descentralizados, así como de los novísimos gobiernos regionales, de sus entidades y dependencias.

 

PROHIBICION DE  NOMBRAMIENTOS

 

Es necesario puntualizar, que los regímenes laborales, constreñían el ingreso de personal nombrado o contratado para labores permanentes –caso de la Ley Nº 20530, en extinción y Decreto Legislativo Nº 276-  por lo que se delineó, a fuerza de prácticas administrativas, la masiva contratación de los denominados Servicios No Personales o más conocidos como los SNP; como es lógico suponer, sin ningún tipo de beneficios laborales, abarcando a miles de “servidores públicos”, en praxis totalmente antilaborales, y que para sorpresa nuestra, aún subsisten, con varios matices y disfraces, como servicios no autónomos.

 

Lo increíble del caso es que, desde el pasado 29 de junio de 2008, “supuestamente”  entró en vigencia el nuevo régimen de Contratos Administrativos de Servicios CAS, en sustitución de los denominados Servicios No Personales  SNP, modalidad a través de la cual, cerca de cien mil personas venían prestando sus servicios en las distintas entidades y dependencias del Estado en el ámbito nacional.

 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

La promulgación del Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, Decreto Legislativo Nº 075-2008-PCM, que desde un inicio generó opiniones divergentes y controversiales, supuestamente se orienta a apoyar la competitividad económica,  en el marco de la  implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, tratando de construir y consolidar un fortalecimiento institucional gubernamental que promueva y agilice la inversión privada.

El nuevo régimen de contratación administrativa de servicios CAS, ha sido considerado como una medida decisiva para reducir la precariedad laboral y avanzar hacia la formalización del empleo público. Para otros, entendidos en materia laboral, no ha sido sino un paliativo, constituyendo en sí,  una medida discriminatoria y atentatoria por los derechos recortados que tuvieron inicialmente los servidores a contratarse bajo esta modalidad, desconociéndose asimismo que, un gran número de ellos, han venido trabajando por muchos años bajo la modalidad extinguida y, cuyos años de servicio, no se reconocen; salvo casos en los que el Poder Judicial, luego de largos procesos, ordenan reposición de trabajadores, en una especie de “limbo”,  que es y no es, como almas en pena, esperando su redención.

El contrato administrativo de servicios es un contrato laboral, ya que en éste concurren los elementos esenciales de una relación de trabajo: prestación personal y subordinada de servicios a cambio de una remuneración. Inicialmente los dispositivos mencionados han reconocido determinados beneficios, similares a los laborales; no obstante recortados, frente a los trabajadores nombrados, como el de sólo 15 días de descanso –no vacaciones- posibilidades de acceso a los servicios de salud, jornada máxima semanal de 48 horas, un día de descanso semanal, así como poder optar por un régimen de pensiones.

CORRIGIENDO LA PLANA

Luego de unos escasos años de vigencia, y con el ánimo de introducir cambios en este régimen, se promulgó el Decreto Supremo Nº 065-2011-PMC, con ciertas precisiones en su contenido respecto a su naturaleza jurídica, procedimiento de contratación, impedimentos, duración, modificación contractual, descanso físico, permisos y derecho de sindicalización, entre otros.

HACIA SU ELIMINACIÓN PROGRESIVA

En el presente año, con el propósito de establecer la eliminación progresiva del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, se ha promulgado la Ley Nº 29849, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 6 de abril de 2012, produciéndose importantes cambios, especialmente en lo relacionado al reconocimiento de derechos, fundamentalmente respecto a: ingreso por concurso, jornada laboral, aguinaldos, vacaciones remuneradas de 30 días consecutivos, licencias, seguridad social, derechos sindicales, de huelga, régimen de pensiones, entre otros; esto es, se han ampliado los derechos, pero siempre manteniendo la temporalidad del contrato: prorroga o renovación, no más allá de un periodo fiscal.     

No obstante, las situaciones descritas en los párrafos precedentes, al no existir ya la modalidad de la prestación de Servicios No Personales, llama poderosamente la atención, los titulares en los medios de comunicación social, respecto a que en tal o cual entidad estatal, por fin de año, se estarían despidiendo a servidores bajo esta modalidad; la misma que jurídicamente ya no existe, saliendo sus titulares a desmentir tales noticias. Si esta práctica continua, que de hecho es comprobable, entonces, lo real es que se estaría sacando la vuelta a la ley, sino porque tanto aspaviento. Es de esperar que las dependencias del Sistema Nacional de Control (OCI) estén tomando cartas en el asunto, para el deslinde de responsabilidades y salvaguarda del derecho que todo ciudadano tiene de acceder a un empleo digno.

 

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