Según ley de reforma magisterial y reglamento

maestros serán cesados ineludiblemente a los 65 años

 

 

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Hugo REYNA GOICOCHEA

 

El pasado viernes 3 de mayo, se promulgó el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, dispositivo ampliamente esperado, en tanto la necesidad de precisión de determinados aspectos relacionados a la carrera docente en el país.

 

Cese obligatorio a los 65 años

 

El citado reglamento ha confirmado la disposición de la Ley de Reforma Magisterial, respecto a lo establecido en su art. 53º. Término de la relación laboral, d) Por límite de edad, al cumplir 65 años. El reglamento confirma esta disposición en el art. 114º que establece:”Retiro por límite de edad: El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro.

 

Fuentes oficiales estiman que en cumplimiento de esta disposición, más de ocho mil profesores, de los diversos niveles educativos, en el ámbito nacional, serán cesados en el presente año, al cumplir los sesenta y cinco años (65) y reemplazados, bajo la modalidad de contrato por otros docentes, en tanto se desarrollen los respectivos concursos públicos, cuyos procesos estarán a cargo de las UGEL y las Direcciones Regionales de Educación.

 

Como se conoce, las anteriores leyes, establecían el cese definitivo a los setenta años (70) de edad. La nueva normatividad para el sector educación, diferencia al sector docente, como el único régimen que considera este recorte; ya que, por ejemplo, para el caso del resto de servidores estatales, sus regímenes laborales contemplan el cese definitivo al cumplir setenta (70) años de edad.  

 

Ex funcionarios del sector, estiman que esta medida del cese obligatorio a los sesenta y cinco (65) años, podría involucrar, en el presente año, entre ocho y diez mil docentes, con lo cual podría afectarse la continuidad de la tarea educativa a cerca de ciento cincuenta (150) mil alumnos; por lo que exigen una inmediata modificación de la ley y reglamento.

 

Posiciones controversiales

 

La confirmación del cese definitivo para el sector docente nacional, no obstante viene generando posiciones controversiales, según sean las voces de los funcionarios del sector, así como de los docentes y sus respectivos gremios.

 

Por el lado del oficialismo, se argumenta que esta medida permitirá una renovación u oxigenación de docentes en las aulas, especialmente con maestros debidamente seleccionados, en el marco de acciones permanentes de superación profesional y desarrollo de capacidades que garantizarán una mayor eficiencia y eficacia de los procesos de enseñanza – aprendizaje.

 

El reglamento contempla asimismo, una especie de “mayor compensación” por los años de servicio. Los docentes que cesen, al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad, recibirán una compensación de cuatro veces más, respecto al monto de CTS, que se venía percibiendo, antes de la vigencia de las nuevas normas, y hasta por 30 años de servicio como máximo.

 

Por su parte voceros del sector magisterial, que cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Magisterial, indican que cesar a los docentes a los sesenta y cinco años (65) de edad, no es sino una vulneración a sus derechos laborales, ya que se les estaría recortando la posibilidad de seguir aportando por cinco (5) años más, situación que determinará pensiones aún más reducidas.

 

Se considera asimismo como un atentado a los derechos laborales y la generación de un gran clima de inestabilidad, despidos masivos y malestar para un gran sector docente, en tanto también las normas contemplan los ceses para aquellos docentes que no aprueben las evaluaciones periódicas. Según se arguye, los antecedentes de evaluación, en el sector educación, se han efectuado de manera anti técnica y de manipulación hacia intereses dirigidos.

 

De igual manera especialistas en educación, coinciden en afirmar que a los sesenta y cinco (65) años de edad, un profesor aún está en la plenitud de sus capacidades para poder desarrollar adecuadamente sus labores docentes, cesarlo inmediatamente implicará, anular el cúmulo de conocimientos capitalizados en toda una vida profesional. La lógica muestra, en el caso de las universidades, que son los docentes más calificados quienes exceden, justamente, este límite de edad.

 

Interrogantes pendientes

 

Pese a la existencia de este novísimo reglamento, existen aún interrogantes e impresiones que será necesario que el MINEDU esclarezca, respecto al caso del cese inmediato del docente al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad, en el transcurso del año escolar.

 

Al respecto, son validas interrogantes cómo: si esta situación podría interrumpir la prestación del servicio educativo, si se tomarán de manera oportuna las acciones necesarias para el reemplazo, vía contrato de personal docente idóneo, al día siguiente del cese. Conociéndose las demoras burocráticas de los procesos administrativos en las UGEL y DRE, sus limitaciones podrían originar desfases en la atención del servicio educativo, generándose situaciones contraproducentes, especialmente cuando se trate de docentes de instituciones educativas de sectores distantes o alejados, de los ámbitos rurales.

 

Lo cierto del caso es que el sector educación, en nuestro país, es demasiado sensible. La historia de continuos cambios y reformas, por los gobiernos de turno, nos muestran experiencias poco alentadoras, manipuladas políticamente y hasta con grandes visos de improvisación, sectarismo y corrupción.

 

Si bien es cierto, con la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento se abren también  expectantes situaciones de mejoramiento profesional y remunerativo; también se presentan muchos temores respecto –básicamente- a las evaluaciones, que en nuestro país, para quienes laboran en el sector público, generan psicosis permanente, en tanto no se dan las garantías de transparencia y probidad. Los procesos de evaluación laboral han estado orientados esencialmente a constreñir el aparato público a base de despidos masivos, como fueron los casos presentados en la década de los años noventa, en el régimen fujimorista.

 

Las acciones de este proceso recién se inician, no obstante, se anuncian ya medidas de protesta a través de paros y huelgas en el sector, cuya consecuencias negativas, son ya hartamente conocidas.

 

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