Educación: funciones y competencias

en los niveles de gobierno

 

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Hugo REYNA GOICOCHEA

 

En nuestro país la Descentralización, como proceso y la  Regionalización como un instrumento de ésta, han sido y lo son aún, los principales anhelos de las poblaciones del interior.

 

Es por ello que en las últimas décadas, el problema de cómo afrontar el desarrollo integral, se ha dado en torno a la definición de aspectos constitucionales y legales de reconocimiento de la Descentralización como proceso fundamental para lograr este propósito; así como de la voluntad política para iniciar su ejecución.

En este marco, en lo últimos años, el Congreso aprobó la Ley de Reforma Constitucional,  del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización;  Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria,  así como la Ley N° 27902; Ley Orgánica de Municipalidades. El Ejecutivo también inició y está en proceso de consolidación, la transferencia y asunción de funciones sectoriales del nivel central, hacia los niveles de gobierno regional y local (municipalidades).

 

Proceso de descentralización

 

Según lo establece nuestra Constitución Política en su art. 188° la Descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente del Estado de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.

 

En esta perspectiva, a través de la promulgación de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, éstas se realizaron, junto con las elecciones para renovar a las autoridades municipales, el 17 de noviembre de 2002. De esta manera, se ha iniciado este proceso,  eligiéndose, por primera vez, a través de comicios generales, a las autoridades regionales. Los gobiernos regionales se instalaron e iniciaron su funcionamiento en enero de 2003.

 

Descentralización y educación

 

La reforma establecida por la Ley de Bases de la Descentralización, implica un cambio de un Estado, con una fuerte tradición centralista, hacia otro descentralizado. La reforma descentralista, relacionada al sector educación, plantea a la educación como un servicio público, que va a permitir fortalecer y consolidar las identidades regionales y locales dentro de la estructura de Estado unitario.

La Ley General de Educación, Ley Nº 28044 -julio de dos mil tres- establece que el Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad del sistema educativo nacional y el acceso universal, calidad, equidad y redistribución de recursos. La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a través de los consejos educativos que se organizan también en forma descentralizada. El principio de subsidiaridad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno sea equilibrada y adecuada a la mejor manera o forma de prestación de los servicios del Estado a la comunidad.

 

En este marco, la educación pasa, de ser una actividad exclusiva y propia del Ministerio de Educación, a ser una actividad concurrente, con responsabilidades compartidas con los gobiernos regionales y municipalidades. Esta nueva concepción asumida, implica un cambio radical en el enfoque de gestión del sistema educativo (organización y funcionamiento), de un modelo sectorial vertical y centralizado, hacia un modelo de gestión territorial descentralizado, de redistribución del poder en las decisiones (funciones, competencias y recursos), en el ámbito de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

 

La normatividad legal vigente, establece instancias de gestión educativa: Ministerio de Educación, con carácter técnico normativo; la Dirección Regional de Educación, órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial; la  Unidad de Gestión Educativa Local, instancia de ejecución descentralizada, y la Institución Educativa, a través de la cual se brinda el servicio educativo.

 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, así como a la Ley de Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales se constituyen en importantes agentes de apoyo para la prestación de servicios de las instituciones educativas y deben contribuir al desarrollo educativo en el ámbito de su jurisdicción.

 

Inconsistencia normativa en educación en los niveles de gobierno

 

No obstante lo indicado anteriormente, es necesario precisar que si bien la ley reconoce competencias y funciones en materia de educación, cultura, deporte y recreación para los gobiernos regionales y locales, en la práctica existen niveles incipientes de coordinación e interrelación, específicamente entre las UGEL y las municipalidades, sean éstas provinciales o distritales.

 

Analistas de la realidad nacional y educativa en el país, coinciden en afirmar que actualmente el proceso de descentralización se caracteriza por el desorden e incoherencia normativa, que se refleja, entre otros aspectos, en la falta de claridad de los ámbitos que les corresponde a los niveles de gobierno, produciéndose un cruce de funciones en materia educativa, principalmente de parte de las UGEL con las municipalidades. En este contexto, se reconoce la existencia de un problema de duplicidad entre la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de Municipalidades,  que otorgan similares responsabilidades en materia de educación a las UGEL y las municipalidades, las que, hasta el momento, que no han logrado cohesionar un accionar conjunto en torno a objetivos comunes respecto al Proyecto Educativo Local, que prácticamente no existe, así como de escasísima participación en los respectivos COPARES que mayormente no funcionan o no se han constituido.

 

Sobre el particular, no se han logrado comprometer apoyos significativos para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento educativo por parte de los gobiernos locales, así como para involucrarlos en el quehacer educativo de su jurisdicción, en el marco de las políticas de acción participativas.

 

Los proyectos de infraestructura y equipamiento que programan y desarrollan las municipalidades, así como el pago de docentes en las instituciones educativas de gestión comunal IEGCOM y la asignación de algún presupuesto para capacitación docente; generalmente responden a promesas y compromisos electorales, mas que a acciones coordinadas y de sostenibilidad, lo cual es contraproducente.

 

Si bien es cierto uno de los componentes de inversión en proyectos de infraestructura y equipamiento en las municipalidades corresponde a educación, éstos y sus montos de inversión,  aun no son significativos. Según la Libreta de Calificación del MIM Cajamarca (Promoviendo el Buen Gobierno Municipal) por ejemplo, se muestra que entre el 2009 y 2011,  el gasto en educación se mantuvo en 7.4%, en todos los sectores en el ámbito nacional. La Municipalidad Provincial de  Cajamarca, en cuyo ámbito territorial se concentra una población urbana y rural significativas, en este periodo paso de 7.1% al 4.8. % de su gasto total.   

 

En este contexto, es necesario que el Ministerio de Educación, con la activa participación de los Gobiernos Regionales y Locales efectúe un deslinde y precisión de las competencias y funciones en educación para los niveles de gobierno nacional,  regional y local, para superar la yuxtaposición de éstas que actualmente se producen, por los correspondientes textos de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044; Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867.

 

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