Cómo debemos entender al Texto Único

de Procedimientos Administrativos TUPA

 

 

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Por: Hugo REYNA GOICOCHEA

hugo_reyna@hotmail.com

 

Con el propósito de crear condiciones especiales y seguridad jurídica para el desarrollo de la inversión privada, en los diversos sectores productivos y de servicios, eliminando prácticas restrictivas y altamente burocráticas, se implementó en nuestro país el denominado Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el contexto del Decreto Legislativo Nº 757, a inicios de la década de los años noventa.

 

¿Qué es el TUPA?

 

En términos sencillos, El TUPA constituye un documento de gestión que adecuadamente utilizado, debe facilitar la tramitación de procedimientos administrativos y la prestación de servicios brindados en exclusividad por parte de las entidades públicas, que son demandados por los usuarios o administrados.

 

No obstante, transcurridos cerca de cuatro lustros de su implementación aún vienen experimentándose muchos problemas en su elaboración, aprobación, actualización, difusión; así como en su utilidad para facilitar los trámites que demandan los usuarios en su relación con las entidades públicas respecto al reconocimiento de derechos, licencias, autorizaciones, registros, habilitaciones u otros procedimientos que permitan el desarrollo, especialmente empresarial, en el campo de la producción de bienes y servicios.

 

De igual manera, los avances en la dinámica económica nacional, en función a los mercados internacionales, como son la firma de los tratados de libre comercio, han determinado la necesidad de ir acomodando la legislación en ese sentido. En el año 2007, se promulgó el D.S Nº 079-2007-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA en las entidades públicas, así como la entrada en vigencia de la Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley Nº 29060, a partir de enero de 2008.

 

Obligación de sustentar el TUPA ante la PCM

 

Es importante precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9º de la Ley del Silencio Administrativo, las entidades públicas, tenían la obligación de justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, todos los procedimientos contenidos en su TUPA; obligación que en su mayoría no se ha cumplido. Reporte oficial, en este campo de la PCM, a marzo de 2010, en el caso de Cajamarca, indica que de las 13 municipalidades provinciales, solo cinco han cumplido con esta obligación: Cajamarca, Cajabamba, Hualgayoc, Jaén y San Marcos; en tanto que de las 114 municipalidades distritales, sólo seis, cumplieron con esta obligación. Respecto a universidades solo han cumplido 18 de las 39, no encontrándose en el reporte la Universidad Nacional de Cajamarca.

 

NECESIDAD DE DEPURAR Y ACTUALIZAR EL TUPA

 

De una rápida revisión a los TUPA de las municipalidades de la región, a través de sus portales Web, se puede observar, que existe una fuerte confusión respecto de los procedimientos y servicios que deben contener, así como en la calificación como automáticos, o aquellos sujetos a evaluación previa con silencio positivo o negativo, además que en muchos de los casos los costos están sobrevalorados; lo cual en su conjunto, vienen obstaculizando la fluidez que debería haber con los administrados o usuarios.

 

Estos problemas de una interpretación anómala de los procedimientos y servicios que deben contener los TUPA, en lugar de cumplir con su finalidad: contribuir a impulsar la dinámica económica local; muy por el contrario, viene trabando las acciones de formalización, especialmente en el campo empresarial, relacionado a las micro y pequeñas empresas, las mismas que frente a estos entorpecimientos burocráticos, prefieren mantenerse en la informalidad.

 

A nuestro modesto entender se requiere una depuración de los procedimientos y servicios contenidos en su TUPA, especialmente en el nivel de gobierno local (municipalidades) ya que se ha comprobado que han incluido procedimientos y servicios que no son exclusivos y que no tendrían por qué estar en este importante documento de gestión institucional. Así se tiene, por mencionar algunos, las tasas por servicios de alquiler de puestos de mercados y otros bienes, venta de medicamentos de boticas municipales y servicios asistenciales de salud, entre otros. También se han consignado procedimientos para el pago de tributos, los cuales tienen connotaciones legales propias, y que lógicamente no deben estar contenidos en el TUPA.

 

Es necesario asimismo un sinceramiento en los costos de los procedimientos administrativos, los mismos que se han determinado, sin tener en cuenta lo dispuesto por el D.S Nº 064-2010-PCM, y por tanto éstos no responden a una objetiva estructura de costos; lo cual va en desmedro de los usuarios.

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